Contracolumna
Por qué el presidente Calderón puede ser
enjuiciado
José Martínez
M.
El presidente Felipe Calderón se encuentra en un brete. Puede ser el
primer presidente mexicano que sea juzgado por una corte internacional por
delitos de lesa humanidad ante los resultados de la guerra contra las
drogas. En México también el Presidente Calderón podría enfrentar un juicio
porque al margen del Senado de la República, su gobierno suscribió un acuerdo
bilateral que permite a fuerzas federales estadounidenses actuar armados en
territorio mexicano en violación flagrante a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Con el presidente Miguel de la Madrid se dio la
autorización para que la Agencia Antidrogas (DEA) estableciera equipos de
intervención en las bases aéreas de reacción inmediata, ubicadas en territorio
nacional, cuatro de ellas establecidas en Mérida, Guadalajara, Monterrey y
Hermosillo.
Como ocurrió con algunos de sus antecesores, con
Felipe Calderón se reconfirmó la fatídica premisa de Robert Lansing, el
poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos en el gobierno del
republicano Calvin Coolidge, el
presidente número 34 en la historia de Estados Unidos y quien ejerció su
mandato desde la Casa Blanca del 2 de agosto de 1923 al 4 de marzo de 1929.
Robert Lansing sentenció:
“México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque
basta con controlar a un solo hombre: el Presidente”. (America Magazine
Archives The tablet Magazine 5 de febrero de 1924).
En efecto, así ha ocurrido con Felipe Calderón. Por eso toma vital
importancia el trabajo del jurista Juan José Mateos Santillán, en su ensayo La Guerra contra las drogas, la geopolítica
y el miedo. En el que se apoya este análisis.
Desde que los civiles arribaron al poder, ningún presidente mexicano
había osado vestir el uniforme militar, Calderón lo hizo y rompió viejos
atavismos en un claro mensaje belicoso. Era una señal inequívoca de que su
gobierno estaba en guerra contra el narco. Carente de legalidad y
legitimidad, Calderón se apoyó en las fuerzas armadas y arrastró al país a una
aventura sin precedentes, que le ha costado al país ríos de sangre y cuyo
gobierno puede concluir con más de 60 mil muertos en su guerra contra el
narcotráfico.
Después de que dos diarios de Estados Unidos, The Washington Post y The
Houston Chronicle, dieran a conocer hace unos días que existen acuerdos
entre ambos países que permiten a un número indeterminado de agentes estadunidenses operar armados en México,
se pudo confirmar que éstos cuentan con el beneplácito del gobierno del
presidente Calderón para que puedan portar armas a lo largo del
territorio mexicano. El portavoz
de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday confirmó que las fuerzas
de seguridad mexicanas están "tomando todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de todos los agentes extranjeros en México", y
agregó: "Por razones obvias, no voy a entrar en los detalles”.
No es
necesario adivinar los entuertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Contracolumna ha podido establecer cómo
desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en
materia de inteligencia estratégica cuando Jorge Castañeda se desempeñaba como
canciller. Tras varios años de negociaciones, con el beneplácito del presidente
Calderón, y pese a la reticencia del Ejército y la Marina, desde agosto de 2010
vienen operando abierta y libremente en territorio mexicano más de dos
centenares de agentes estadounidenses de nueve agencias de espionaje del vecino
país. Bajo la cobertura de una denominación equívoca (Oficina Binacional de Inteligencia), el gran centro de espionaje de
Washington funciona en un edificio ubicado en la avenida del Paseo de la
Reforma, en la ciudad de México, muy cerca de la embajada estadounidense.
Dos periodistas de The Washington
Post,
Dana Priest, ganadora de un Pulitzer, quien dedicó dos años en colaboración con
William Arkin a una minuciosa investigación sobre la nueva política de
espionaje del gobierno estadounidense tras el atentado del 11 de septiembre de
2001, no hace mucho revelaron un sofisticado sistema de operaciones
clandestinas tan complejo y secreto que “en realidad nadie sabe si funciona” y
cómo se extiende hasta México.
El servicio de
inteligencia es tan grande y “nadie sabe cuánto cuesta, cuánta gente emplea,
cuántos programas existen dentro de él o cuántas agencias hacen las mismas
tareas”, según la investigación periodística. “Después de nueve años de gastos
y crecimiento sin precedentes el resultado es que el sistema creado para
mantener protegido a Estados Unidos es tan grande que es imposible determinar
su eficacia”.
“Los analistas
que descifran, traducen y resumen los documentos y conversaciones obtenidos por
los espías dentro y fuera del país publican unos 50 mil informes de
inteligencia cada año, a muchos de esos informes nadie les hace caso”.
Muchos de esos
reportes tienen que ver con México donde bajo el pretexto de la guerra contra el narco y la porosa
frontera mexicana, que puede facilitar el paso de terroristas, se decidió
ubicar la oficina más grande, fuera de Estados Unidos, con el mayor número de
agentes encubiertos y casi una decena de agencias encargadas de la seguridad
nacional de la Unión Americana, contando con el apoyo tácito del gobierno del
presidente Calderón.
Durante la
quinta reunión bilateral en la que estuvieron los secretarios de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinosa, y de Economía, Bruno Ferrari, el jefe de la
Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos; el director general del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, y la
coordinadora general de Comunicación Social, Alejandra Sota, el presidente
Calderón en la conferencia conjunta con el presidente Barack Obama, se
comprometió a cancelar “cualquier posibilidad de modificar las leyes para
permitir que agentes de Estados Unidos comisionados en territorio mexicano
porten armas”, como pretendía el presidente Obama a partir del incidente en que
perdió la vida el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, Jaime
Zapata. Calderón dijo en ese encuentro que todo se limitaría al intercambio de
información y apoyo técnico, pero resultaron falsas sus palabras. Los agentes
comisionados en territorio mexicano actúan armados y una decena de agencias de
espionaje y seguridad de Estados Unidos operan libremente bajo un suspicaz
acuerdo en el marco del establecimiento de una Oficina Binacional de Inteligencia.
Es innegable que
el gobierno de Felipe Calderón inició una guerra que de entrada sirve para
proteger los intereses norteamericanos, asociados a los altos consumos de droga
en aquellos parajes y a la vez, genera mayores riesgos de consumo entre la
población mexicana al cambiar la naturaleza del trasiego tradicional por la de
control de los espacios de tránsito.
Dentro de este
esquema el análisis de algunos aspectos constitucionales y de legalidad
resultan importantes para entender los aspectos internos que llevan al
presidente Calderón a mantener su estrategia y extenderla para el próximo
sexenio.
Si bien Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado, había
sentenciado que era fácil dominar a México solo controlando al Presidente, el
jefe de la diplomacia estadounidense advertía también que para mantener un
control absoluto de nuestro país, “la solución necesitaba más tiempo: debemos
abrir a los jóvenes (mexicanos) ambiciosos las puertas de nuestras
universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en
nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo
esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán
de la Presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o
dispare un solo tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente
que nosotros”.
Ni falta que le hizo ir a estudiar a Estados Unidos a Calderón.
Fue más fácil controlarlo que lo que suponía Robert Lansing. El hecho es que
Calderón terminó enredado en una cadena de equivocaciones y complicidades y
sometido su gobierno y el país al yugo estadounidense.
Para empezar en su guerra
contra el crimen organizado, el presidente Calderón recibió del Congreso de la
Unión una serie de elementos, como el arraigo domiciliario, un asunto que bien
estudiado implica un conjunto de medidas autoritarias y poco propias de un
régimen democrático, cuando en realidad son instrumentos característicos de las
dictaduras, o del “derecho penal del enemigo”.
Habría
que subrayar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
tergiversado la prohibición categórica y expresa de la Constitución por una
jurisprudencia arbitraria al autorizar o validar la salida de las tropas de sus
cuarteles para combatir al narco.
El
artículo 129 de la Constitución establece que: “En tiempos de paz, ninguna
autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta
conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares
fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan
inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o
depósitos que fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las
tropas”.
Es
así que la guerra contra el narco
tiene una cara real y otra formal o jurídica, pues es claro que desde el punto
de vista legal no existe una guerra
declarada.
En
el campo de la realidad se enfrenta una verdadera guerra que tiene repercusiones mediáticas evidentes por el número
de bajas, pero bien estudiadas las repercusiones jurídicas pueden ser
trascendentales.
El
presidente Calderón se dio cuenta muy tarde que su estrategia de hablar de una guerra le iba a traer consecuencias,
pues estamos en el caso de una guerra no
declarada por el Congreso de la Unión y fuera de las funciones
constitucionales del ejército, lo que en un futuro no muy lejano podría
implicar responsabilidades para los culpables de estos extremos, bien sea por
violaciones a los derechos humanos, bien sea por crímenes contra la humanidad o
por abusos y excesos de poder.
El
Artículo 73 Constitucional dice:
El Congreso de
la Unión tiene facultad:
XII. Para
declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
En
este caso, la guerra la declaró el
Ejecutivo con todas las consecuencias legales a qué tenga lugar.
Lo
que está claro es que en el caso mexicano las violaciones a la Constitución son
notorias, de suerte tal que para remediar el problema, se incluye la conducta
inconstitucional dentro de la Constitución y el poder solucionar su problema de
abuso de poder o de violaciones sistemáticas a la Constitución,
constitucionalizando los abusos de poder.
Ese
fue el camino que obligó a elevar a rango constitucional una medida propia de
las dictaduras o de la inquisición, el arraigo domiciliario.
En
víspera de terminar el sexenio de Calderón hay factores fundamentales que
mueven a su gobierno: Buscar una legislación aun cuando sea retroactiva, que
legalice y legitime las acciones inconstitucionales en que incurrió su
gobierno.
Buscar
mediante mensajes mediáticos y foros de diálogos constantes y sistemáticos la
sociabilización y aceptación de las estrategias contra el crimen organizado
para argumentar posteriormente que se actuó por mandato popular y no como se
hizo en realidad.
Crear
la necesidad de mantener el ejército en las calles a partir de la combinación
de las teorías del miedo y del shock.
Habría
que profundizar en que la mayoría de los países aceptan la transmisión de la
soberanía a la autoridad o a un ente abstracto que puede ser el orden
normativo, sin embargo, los debates en el Congreso Constituyente de 1823-1824
dejaron perfectamente en claro que en México no se acepta trasladar la
soberanía al Presidente o al Congreso, según el artículo 39, en relación al 40
y 41, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De
esta forma se concreta una aplicación de la soberanía poco difundida y debe
entenderse que cualquier ocultamiento de información para el soberano es un
acto de usurpación de esa soberanía y según la naturaleza de la información,
pudiera ser que hasta de traición a la patria.
En
la guerra contra el narco quedan
algunas cuestiones de profundidad: El poder judicial no debió ser convocado
pues el mandato que le confiere la Constitución es de imparcialidad para
administrar justicia y no el de comparsa del Presidente en ninguna cuestión de
administración de justicia.
El
Congreso de la Unión o al menos eso parece, suplantado en su calidad de
representante legal y legítimo del pueblo de México, sin considerar la negativa
de los líderes de los principales partidos políticos representados en el
Congreso de la Unión de no asistir a las convocatorias del Presidente para no
hacerle el juego a la representatividad alternativa.
La
posición del Presidente es una posición periodísticamente correcta, sin
embargo, la Constitución otorga en su división de poderes la representatividad
popular al Congreso de la Unión.
Es
evidente la apuesta del presidente Calderón, mantener una estrategia mediática
que convenza paulatinamente a la mayor parte del pueblo para que acepten no
solamente la guerra contra el narco; sino que la estrategia de mantener al
ejército en las calles, limitar garantías y establecer un sistema más
autoritario es la respuesta correcta y única aceptable.
El
resultado de la estrategia de Calderón se verá reflejado en las urnas. Sobre su
futuro, es evidente que es incierto y que es probable que se le someta a un
juicio por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.
EL CLUB DE LA
SERPIENTE.-
El alter ego de la Maga le dice que no debe confiar en el Pacto de Polanco. El Che debe un asado y unos lingotazos de
güisguis. Hace bien en el Caribe escuchar a Queen, me atrae recuerdos de la
poetiza que tenía un alma de bolero. Por ella conocí a Pancho Céspedes en su pied a terre de la Del Valle en una
noche de mojitos listos todos para un cubaneo. Hace una década andábamos acá en
Cancún en el yate de Nacho y disfrutando en el Cats de un buen jazz, pero cerró
y se acabó y ella ya no está más entre nosotros, se fue a alcanzar a Osvaldo
que se fue antes que ella. Habrá que ir integrando de nuevo el Club. Hace
falta.
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